En recientes declaraciones públicas, la señora Paola Ugaz realizó diversas afirmaciones sobre la querella presentada por la Asociación Civil San Juan Bautista (ACSJB) contra ella. Consideramos necesario responder a dichas declaraciones con hechos verificables y con información que forma parte de la acción judicial presentada.
La Asociación Civil San Juan Bautista reitera que esta querella no pretende silenciar a la señora Paola Ugaz ni afectar su actividad periodística. Tampoco busca una sanción económica relevante ni su encarcelamiento. Por esa razón, la reparación solicitada es de un sol simbólico (S/.1.00 equivalente a USD $0.30). Lo único que se busca es que un juez determine si las acusaciones formuladas por la mencionada periodista contra la ACSJB tenían o no sustento.
1. Paola Ugaz afirma: “Esta nueva andanada del Sodalicio, porque no tiene otro nombre (…) es un hostigamiento desde el 2018 y estamos 2026 y no se detiene”
Sin embargo, esta afirmación omite un hecho fundamental: esta es la primera vez que la Asociación Civil San Juan Bautista presenta una querella contra Paola Ugaz.
La ACSJB no tiene ninguna relación con las anteriores querellas ni con cualquier otra denuncia que personas, a título personal, hayan podido haber presentado contra la señora Ugaz.
Además, ante la errada y repetida vinculación que suele afirmar la Sra. Ugaz, queremos dejar claro, una vez más, que la ACSJB nunca fue lo mismo que el Sodalicio de Vida Cristiana ni formó parte de dicha institución religiosa. La querella presentada no se refiere a investigaciones periodísticas sobre el Sodalicio ni a opiniones sobre dicha organización, sino a afirmaciones concretas realizadas contra la ACSJB, a la que ella ha atribuido públicamente la comisión de graves delitos.
2. Paola Ugaz afirma: “En este país, en Perú, están persiguiendo periodistas con demandas absurdas”.
Sin embargo, las acusaciones que la señora Ugaz ha difundido durante años no son menores ni anecdóticas. En sus publicaciones ha atribuido a la ACSJB hechos tan graves como lavado de activos, fraude tributario, construcción de una organización económica ilícita, despojo de tierras, abuso de beneficios tributarios por el mal uso del Concordato entre la Santa Sede y el Gobierno Peruano, vínculos con organizaciones criminales y participación en actos violentos, como el asesinato de personas, entre otros.
Precisamente, como consecuencia de la gravedad de sus afirmaciones, la Fiscalía investigó a la ACSJB durante más de tres años en el marco de una investigación por presunto lavado de activos y organización criminal. Al concluir dicha investigación, el Ministerio Público dispuso el archivo del caso al no encontrar elementos que justificaran continuar el proceso.
Resulta especialmente relevante que cuando la Fiscalía solicitó a la señora Ugaz que sustente sus afirmaciones difundidas públicamente, no pudo acreditarlas con la documentación correspondiente. La señora Ugaz no presentó pruebas que demuestren que sus imputaciones contra la ACSJB respecto de estructuras societarias, origen de fondos o supuestos beneficios tributarios ilícitos, eran ciertas.
3. Paola Ugaz afirma: “En el Vaticano han suprimido esa organización. Y no solo lo han suprimido por abusos a sus miembros, lo han suprimido por malos manejos económicos”.
Con esta afirmación la señora Ugaz está desinformando a la ciudadanía.
Como hemos señalado la ACSJB es una institución autónoma e independiente del Sodalicio. Además, la Santa Sede no ha investigado ni juzgado la actividad económica de la ACSJB.
La querella presentada por la ACSJB no cuestiona decisiones canónicas ni decisiones adoptadas por la Iglesia Católica respecto del extinto Sodalicio.
La señora Ugaz menciona esas decisiones canónicas referidas al Sodalicio para confundir, pues se ampara en ellas como respaldo de las acusaciones específicas que ella ha realizado contra la ACSJB. La supresión de la mencionada institución religiosa o decisiones adoptadas respecto de determinadas personas no acreditan por sí mismas que la ACSJB haya cometido los delitos que la señora Paola Ugaz le atribuye públicamente.
4. Paola Ugaz afirma: “Las investigaciones al Sodalicio por lavado de activos se abrieron por las investigaciones que he hecho. Me gustaría decir que sí, pero no es verdad. Esto se abre porque es una investigación latinoamericana hecha por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, Pandora Papers”.
Es importante distinguir los hechos.
Los Pandora Papers y las publicaciones posteriores pudieron haber contribuido al inicio de investigaciones generales relacionadas contra miembros del Sodalicio y determinadas personas jurídicas en las que no estaba incluida la ACSJB. Lo que la señora Ugaz omite mencionar es que dicha investigación cambió su enfoque a raíz de sus artículos periodísticos, especialmente los publicados el año 2021, en los que hace señalamientos contra ACSJB por presunto lavado de activos, organización criminal, tráfico de tierras y fraude tributario. Lo relevante es que, tras años de investigación, la Fiscalía archivó la causa seguida contra la ACSJB y dicha decisión quedó firme en junio de 2026.
5. Paola Ugaz afirma: “Hay correos, hay un entramado de offshore detrás de una organización de la Iglesia Católica”.
Sin embargo, la cuestión que deberá resolver el Poder Judicial no es si existen referencias generales a sociedades offshore en investigaciones periodísticas internacionales. La cuestión es si las acusaciones concretas formuladas por la señora Ugaz contra la ACSJB fueron correctamente sustentadas.
Precisamente porque la investigación fiscal que examinó estas imputaciones concluyó sin atribuir responsabilidad penal a la Asociación, la ACSJB considera legítimo solicitar que un juez evalúe si las afirmaciones difundidas públicamente por la señora Paola Ugaz pueden o no acreditarse.
6. Paola Ugaz afirma: “La expulsión de Jaime Baertl y de Juan Carlos Len tiene que ver con el tema económico”.
La querella no cuestiona decisiones adoptadas por autoridades eclesiales respecto de personas determinadas.
Lo que señala es que dichas decisiones no constituyen prueba de que la ACSJB haya cometido lavado de activos, fraude tributario, usurpación de tierras o los demás delitos que ella le atribuye públicamente. Cada afirmación debe ser acreditada con evidencia propia.
7. Paola Ugaz afirma: “No es porque yo un día me levanté y lo aluciné”.
Precisamente por ello, la querella invoca expresamente la posibilidad de que la señora Ugaz acredite judicialmente la veracidad de las afirmaciones realizadas.
La ACSJB considera que acusaciones tan graves deben ser evaluadas sobre la base de pruebas verificables y no únicamente en el ámbito del debate mediático.
8. Paola Ugaz afirma: “Hayamos normalizado que los ataques de organizaciones poderosas contra los periodistas sigan”.
Sin embargo, ejercer el derecho a la defensa del honor y de la reputación no constituye un ataque al periodismo.
La libertad de expresión es un derecho fundamental que la ACSJB respeta. Pero también lo son el derecho al honor, la buena reputación y el acceso a la justicia. Cuando una institución considera que se le han atribuido delitos de manera injustificada, tiene derecho a acudir a los tribunales para que un juez resuelva la controversia.
La cuestión de fondo
Durante años se han difundido acusaciones extremadamente graves contra la ACSJB. Varias de ellas dieron lugar a investigaciones fiscales que se prolongaron por más de tres años y concluyeron sin atribuir responsabilidad penal a la Asociación.
Algunas voces han sostenido que el archivo de una investigación fiscal no invalida por sí mismo una investigación periodística. La ACSJB coincide en que el trabajo periodístico y la investigación penal tienen finalidades distintas. Sin embargo, cuando durante años la periodista Ugaz ha formulado acusaciones extremadamente graves contra nuestra institución, y esas acusaciones motivan investigaciones fiscales que se prolongan por más de tres años sin encontrar evidencia que las sustente, lo mínimo que cabría esperar es una revisión crítica de tales afirmaciones.
Más aún cuando, según consta en la propia investigación fiscal citada en la querella, al solicitarse a la señora Paola Ugaz la documentación y sustento de las imputaciones realizadas contra la ACSJB, ella no aportó siquiera indicios mínimos que permitieran corroborar algunas de las acusaciones difundidas públicamente.
La libertad de investigar no exonera del deber de rectificar cuando aquello que se presentó como un hecho termina sin poder ser acreditado. Precisamente por ello corresponde que sea un juez quien determine si las afirmaciones formuladas contra la ACSJB estaban suficientemente respaldadas o si, por el contrario, causaron un daño injustificado a la reputación de la institución.
La verdad no se determina por la repetición de una acusación. Se determina mediante pruebas fehacientes.
Asociación Civil San Juan Bautista.